lunes, 10 de agosto de 2015

El uso legítimo, pero inmoral, de la violencia por parte del gobierno de Mariano Rajoy.



   En cualquier sociedad el estado es la institución que se reserva el uso legítimo de la violencia. No importa la naturaleza de la sociedad. Un señor feudal podía apalear a un siervo si este no pagaba sus tributos, o el estado actual puede abatir a tiros a un terrorista que se ha atrincherado con rehenes. 
    Esta violencia puede ser física o simbólica. Los dos ejemplos de antes son de violencia física. La letra escarlata de Hawthorne cuenta un caso de violencia simbólica. A una adúltera le cosen una letra escarlata en el pecho para que todo el mundo sepa que lo es. La violencia simbólica tiene consecuencias relacionales, fundamentalmente que la comunidad repudia al que es objeto de la misma. 
    Se supone que tiene que haber cierta correspondencia entre la legalidad y la moralidad. Las sociedades permiten lo que consideran que está bien y se prohíbe lo que se supone que está mal, entendiendo por bien y mal lo que está de acuerdo o no con los valores de dicha sociedad. Mientras se mantiene esta correspondencia, aunque sea en apariencia, las cosas funcionan y nadie protesta. El problema surge cuando se abre una brecha entre legalidad y moralidad. Los ciudadanos perciben que los gobiernos ejercen la violencia en beneficio propio, surge la desafección y, en caso de que se prolongue en el tiempo, es cuando vienen las revueltas, las revoluciones y todo eso.
    Hoy nos hemos levantado con dos casos flagrantes de violencia ejercida en beneficio propio por el gobierno de Mariano Rajoy. 
    El primero es un caso de violencia simbólica. Hace unos meses el periódico ABC publicó una lista de jueces favorables a la consulta catalana por la independencia. Al parecer esta lista es el resultado de una investigación policial que incluía datos tan variopintos como las inclinaciones políticas, el empleo de los progenitores o la música que les gusta. Como en La letra escarlata, la violencia simbólica consiste en señalar y exponer a la vergüenza pública. Por lo visto es legal, pero desde luego moral no. Vivimos en una democracia en la que se supone que cualquier ciudadano tiene derecho a pensar lo que quiera sin que las fuerzas de seguridad del estado lo investiguen y expongan en público su vida íntima. Insisto en que será legal, pero me recuerda demasiado a la política del pensamiento.
    El segundo caso es un ejemplo de violencia física, pero más que violencia ejercida en beneficio propio, se trata de buscar este beneficio dejando de ejercer la violencia, aún cuando es su obligación hacerlo. Ayer se reunieron el ministro del interior -el jefe supremo de los instrumentos del estado para ejercer la violencia legítima- y Rodrigo Rato, un individuo que está siendo juzgado por unos delitos bastante graves. El ministro podrá decir lo que quiera -de hecho no dice nada al respecto-, pero me cuesta bastante pensar que la reunión fue para comentar los nuevos fichajes del Real Madrid. Ya sé que Rato por ahora no es culpable de nada, pero se supone que en democracia todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Que alguien en la situación de Rato se reúna con el ministro, será legal, pero desde luego es muy feo. Al 99,99% de la población no se nos permite quedar con el ministro para ver cómo va lo nuestro. El mensaje que se nos transmite es que un presunto delincuente puede quedar con el ministro para ver cómo evitar que se ejerza sobre él la legítima violencia -inhabilitación o cárcel- si esto beneficia al gobierno.
    Y así, poco a poco, el gobierno de Mariano Rajoy sigue creando desafección y poniendo en entredicho nuestro sistema democrático. Por si no estaba ya lo suficientemente erosionado.

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